La Comisión de Juegos de Puerto Rico anunció el 23 de septiembre de 2025, en San Juan, que los ingresos generados por las máquinas tragamonedas en circulación excedieron los $8,5 millones, después de aplicar la nueva ley que mejoró el control del sector. Los fondos van directamente al Fondo General y, al llegar a $12 millones, se repartirán para el retiro de la Policía, los municipios y la operación regulatoria, destacando el efecto fiscal y social de esta actividad.
El responsable principal de la Autoridad de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, subrayó que la segunda etapa de recaudación se inició el 10 de septiembre de 2025. “Apreciamos el contexto trascendental de esta industria… hemos iniciado la segunda etapa de recaudación por la operación de las máquinas de juegos de azar”, declaró. Conforme a la normativa actual, los primeros $12 millones se asignan por completo al Fondo General.
Una vez superado ese umbral, la distribución será de 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, 40% para los municipios y 5% para gastos operacionales de la comisión. “Nos encontramos muy cerca de alcanzar los $12 millones… lo que permitirá comenzar a inyectar el fondo del Retiro de la Policía”, añadió Santaella, quien también exhortó a comerciantes y mayoristas a cumplir la ley para evitar multas y revocaciones de licencias.
El plan de fiscalización se ampliará en coordinación con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, con más visitas a establecimientos en los próximos días. “La mayoría de los operadores está respondiendo, pero invertiremos los recursos necesarios para hacer cumplir la ley”, dijo el funcionario. La ciudadanía puede reportar incumplimientos de forma confidencial en el portal de la comisión.
El incremento de las máquinas tragamonedas ocurre en un escenario de crecimiento del entretenimiento oficial. Según Alfredo Martínez, jefe del Negociado de Juegos de Azar de la comisión, durante el período fiscal 2024-2025 los beneficios de juegos de azar sumaron $362 millones: $179 millones para casinos y $183 millones para el gobierno. Martínez indicó que en tres años las apuestas crecieron en $52 millones, mostrando mayor impulso del sector.
Los $183 millones públicos se distribuyeron entre instrumentalidades como la Universidad de Puerto Rico, Hacienda y el Fondo de Turismo, apoyando tanto servicios esenciales como la promoción turística. Este flujo, sumado al nuevo esquema de máquinas en ruta, refuerza el papel del juego regulado en la recaudación y en la sostenibilidad de fondos estratégicos.
Próximas acciones: se anticipa que el regulador aumentará las revisiones, fortalecerá el listado de operadores y continuará con las campañas de educación y cumplimiento. Falta por definir el número y contenido de la ley que autoriza el nuevo modelo de vigilancia, así como el detalle de objetivos trimestrales de recaudación y las estadísticas de penalizaciones llevadas a cabo hasta ahora.
