El Caribe se ha convertido en un destino codiciado no solo por sus paradisíacas playas y estilo de vida relajado, sino también por una práctica cada vez más común: la obtención de ciudadanía a través de la compra de propiedades inmobiliarias. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía ofrecen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), permitiendo a los compradores obtener un pasaporte caribeño con tan solo adquirir una propiedad que, en algunos casos, comienza en los 200,000 dólares.
La práctica, que se ha disparado en los últimos años, atrae principalmente a ciudadanos de países como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado por la creciente volatilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo ofrecen el beneficio de una nueva nacionalidad, sino que también otorgan acceso sin visado a más de 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen, lo que aumenta considerablemente su atractivo para los ciudadanos internacionales.
Un mercado de bienes raíces en expansión y la búsqueda de estabilidad
De acuerdo con reportes recientes, las agencias de bienes raíces en Antigua experimentan dificultades para cubrir la creciente demanda de propiedades de lujo, que generalmente se adquieren con el propósito de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, representante de Luxury Locations, una de las agencias líderes en bienes raíces en Antigua, afirma que hasta un 70% de sus clientes tienen como objetivo principal conseguir la ciudadanía mediante su inversión. La mayoría de estos compradores son de Estados Unidos, donde el interés en estos programas de inversión ha aumentado debido a las tensiones políticas internas y a las inquietudes relacionadas con la seguridad.
Las tendencias de adquisición han mostrado un cambio claro. Anteriormente, muchos compradores elegían propiedades en el Caribe por motivos relacionados con el estilo de vida. Sin embargo, hoy en día, comprar una propiedad se ha transformado en un método directo para conseguir una segunda ciudadanía, lo cual proporciona a los compradores la flexibilidad de desplazarse globalmente sin limitaciones. Dyson nota que, aunque el programa de Antigua no requiere residencia, muchos compradores optan por trasladarse permanentemente a la isla.
El atractivo de estos programas se debe a la facilidad para los ricos de obtener una segunda nacionalidad sin perder su ciudadanía original, algo que también es altamente valorado por las personas de negocios. Además, la falta de impuestos sobre plusvalías, sucesiones e incluso sobre la renta en muchos de estos países, ha atraído a inversores de todo el mundo.
El impacto de la inestabilidad política y los beneficios de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es privativo de los residentes de Estados Unidos; individuos de diversas regiones del mundo han optado por los programas de CBI en el Caribe para obtener una movilidad más flexible y, en ciertas ocasiones, para garantizar una «protección» frente a lo que perciben como riesgos a sus libertades civiles y de viaje en sus naciones de origen.
Controversias y preocupaciones a nivel mundial
A pesar del auge de estos programas, no han estado exentos de controversia. En 2012, cuando Antigua comenzó a vender pasaportes para ayudar a mejorar su economía, el concepto fue criticado por muchos dentro de la isla. Manifestantes salieron a las calles en señal de protesta, argumentando que se estaba «vendiendo» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que generó un debate ético sobre la venta de la ciudadanía.
Además, las autoridades de otros países del Caribe, que no tienen estos programas, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas, han manifestado su descontento, y la comunidad internacional ha demostrado inquietud ante la posibilidad de que estos programas sean empleados para la evasión de impuestos o actividades ilegales. La Unión Europea y Estados Unidos han indicado que están observando los programas detenidamente, y han amenazado con eliminar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se implementan medidas más rigurosas para controlar a los solicitantes.
Una oportunidad económica para ciertos, un reto para otros
Aunque estos programas han enfrentado críticas y preocupaciones a nivel internacional, diversos países caribeños que los han implementado sostienen su relevancia económica. El líder de Dominica, Roosevelt Skerrit, junto con su par de Santa Lucía, Philip J Pierre, han manifestado que los programas de CBI son claros y que las inversiones han sido vitales para el desarrollo de infraestructuras y el impulso económico en sus naciones. En el escenario de Antigua, los recursos obtenidos por la comercialización de pasaportes han sido esenciales para evitar la bancarrota del país y costear proyectos importantes, tales como hospitales y construcciones de infraestructura.
Aunque los ingresos obtenidos del programa CBI representan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones, los gobiernos de la región se han visto obligados a equilibrar la necesidad de generar ingresos con la necesidad de garantizar que el proceso sea seguro y ético. En respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas caribeñas han tomado medidas para reforzar la supervisión de los solicitantes de ciudadanía, incluyendo auditorías periódicas y entrevistas obligatorias.
Un equilibrio delicado entre crecimiento económico y ética
La ciudadanía por inversión ha pasado de ser una herramienta económica controvertida a un modelo que genera ingresos vitales para algunas naciones caribeñas. Mientras que para muchos es una vía atractiva para asegurar una mayor libertad de movimiento y estabilidad política, otros cuestionan las implicaciones éticas y de seguridad. El futuro de los programas de CBI dependerá de cómo los países caribeños manejen este equilibrio, con una supervisión más estricta y un enfoque que garantice la transparencia, mientras aprovechan los beneficios económicos de la venta de pasaportes.
