El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, afirmó que la reciente destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá repercusiones en los contratos vigentes ni en las gestiones energéticas que actualmente se desarrollan en la isla.
Colón explicó que, a pesar de los cambios en la composición de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico mantiene la capacidad de continuar defendiendo y administrando los intereses del país en materia de energía. Subrayó que las funciones esenciales, como garantizar el suministro de combustible, la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética, seguirán su curso sin interferencias, ya que son responsabilidades indelegables del Ejecutivo.
El funcionario destacó que los proyectos en marcha, así como las negociaciones relacionadas con la infraestructura y el abastecimiento energético, no se verán interrumpidos por las modificaciones en el organismo fiscal. Según precisó, las determinaciones sobre políticas y contratos del sector seguirán basándose en criterios técnicos y en el interés público.
Uno de los temas que ha generado mayor atención es el contrato con la empresa New Fortress Energy (NFE), que opera el único terminal de gas natural en el norte de Puerto Rico desde 2018 bajo un acuerdo de arrendamiento de muelle. Colón ha cuestionado la validez de este contrato, al considerar que debió ser evaluado por la JSF en su momento, lo que podría implicar que sea anulable.
A pesar de estos comentarios, el representante afirmó que el convenio con NFE seguirá llevándose a cabo según lo acordado y que el Ejecutivo está investigando formas de diversificar la llegada de suministradores para disminuir la dependencia de un único proveedor. Según lo declarado, esta meta pretende reforzar la seguridad enérgica y propiciar condiciones más competitivas para el mercado nacional.
El debate sobre los contratos energéticos también se intensificó después de que un acuerdo propuesto con NFE para el suministro de gas natural licuado por 15 años fuera rechazado por la JSF. Este contrato, que incluía cláusulas consideradas desfavorables para el Estado, fue retirado del proceso por la Oficina de Alianzas Público-Privadas (3PPO). Colón detalló que los términos presentados fueron “impuestos” y no resultado de una negociación abierta, lo que motivó la decisión de no avanzar con la iniciativa.
El funcionario insistió en que la salida de los miembros de la JSF no significa un vacío en la supervisión de los procesos energéticos y que el Gobierno mantendrá una postura firme para garantizar que las inversiones y acuerdos respondan a las necesidades de la población y no a intereses externos.
En esta situación, Colón reafirmó que el Ejecutivo continuará promoviendo estrategias para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, mejorar la producción y reforzar la infraestructura. Asimismo, destacó que los cambios en el sector energético se llevarán a cabo con transparencia y dentro de un marco regulatorio que ponga énfasis en el bienestar común.
De esta manera, la administración busca transmitir un mensaje de estabilidad y continuidad en medio de un escenario fiscal que, pese a sus cambios, no modificará la hoja de ruta trazada para el sector energético de Puerto Rico.
